Al igual que numerosos juristas como el ex-fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, de variadas procedencias, colectivos y tendencias políticas, no dudan en afirmar que la legislación a la que se denomina "antiterrorista" es una normativa excepcional, o sea: que queda fuera de los cauces normales en la función legislativa y la aplicación de la ley, son numerosos los profesores que dicen que el Derecho que se aplica en algunos juzgados como la Audiencia Nacional, el TS, e incluso esta vez, hasta el mismísimo Constitucional, no es el mismo Derecho que el que se enseña en las Universidades. Datos que nos dan una idea del tipo de Estado de Derecho en que vivimos.

Otros muchos entre los que me incluyo decimos directamente que lo que se ha venido dando desde hace años, y no sólo en el reino español, no es que sea como dice Villarejo un cierto (como si dijesemos un poquito) estado de excepción, sino que es en toda regla un estado de excepción no declarado, lo que viene a ser el método preferido de los sistemas (seudo)democráticos para mantener algo las formas y que no se les desmonte el chiringuito. El chiringuito que tantos y tan cuantiosos réditos proporciona a unos pocos en detrimento de todos los demás, para los que siempre existirá una "Ley antiterrorista" o una "Ley de Seguridad Ciudadana" que haga extensiva la primera.


El periodista y escritor Rui Pereira lo explica de la siguiente manera:

No hay lugar aquí para una mayor profundización, baste subrayar dos de las conclusiones relevantes del trabajo de Agamben (Estado de excepción. Homo sacer II), es decir: "las medidas de excepción se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser entendidas en el plano del Derecho", ubicando, por un lado, el estado de excepción en el marco de la "forma legal de lo que no podría tener forma legal"; Y por otro, su paso de "medida provisional y excepcional a técnica e gobernación" que, al establecerse "como un limbo de indeterminacón entre democracia y absolutismo", nos demuestra que "su desarrollo es independiente" de cualquier modalidad, constitucional o jurídica, en la que se formalice.

Entramos muy pronto, en lo que es la institución, aunque no literal, de zonas de no-derecho. Donde lo curioso consiste, como en el caso español, en el hecho de que se haya legislado lo no legislable cara a instituir por la vía de la producción jurídica aparentemente dispersa lo que resulta, de hecho, una geografía humana de infraderecho. Es decir, al contrario de prácticas anteriores, la regulación de la vida en el País Vasco no obedece a la asunción clara de un estado de excepción, sino a una creación de la excepción a traves del Estado, mediante la acción concertada de sus distintos aparatos. (De lo que habla muy gráficamente en la entrevista publicada en el mismo libro el fallecido magistrado Joaquín Navarro Estevan. Entre otra cosas Navarro Estevan dice lo mismo que Villarejo sobre la creación de la Ley de Partidos, el cual argumentó (recogido en DEIA) que lo que hicieron el Gobierno central y el Parlamento español con esa Ley fue "eliminar ataduras democráticas, eliminar el proceso penal, que era la única vía legítima admisible" para ilegalizar un partido, "y crear un nuevo instrumento excepcional". A lo que Navarro Esteban añade la evidente unión de los tres poderes del estado: el Parlamento (poder legislativo) le pide al Gobierno que inste al Tribunal Supremo a ilegalizar a Batasuna... y para colmo, el mismo día que se aprueba la Ley de Partidos ¡qué casualidad! el juecito Garzón decreta la suspensión cautelar de Batasuna. "Don de consciencia" que diría Miguel de Unamuno.)

En esencia, se trata de una posible variante de lo que Agamben considera la tendencia en curso en las democracias occidentales donde la declaración del estado de excepción es progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad en cuanto técnica normal de gobernación.

Rui Pereira - "Las palabras indeseables"




Mencionar que el problema se ha hecho internacionalmente más visible tras el 11-S, es por tanto obligatorio, aunque, por lo que se refiere en el mismo libro citando de nuevo a Giorgio Agamben, lo acontecido tras el 11-S sería sólo la punta del iceberg o lo más vistoso de entre las diferentes modalidades experimentadas por los regímenes occidentales desde los años 20 del siglo pasado hasta nuestros días. Experimentadas: de hacer experimentos, que es la sensación que a algunos nos causa la excepcionalidad de nuestra situación aquí, en el País de los Vascos, el de la extraordinaria Ley de Partidos o el cierre "preventivo" de medios de comunicación. Y cuando un experimento funciona...

Así, mientras el "buen español" -mariano dixit- de a pie se siente cojonudisimamente bien cada vez que por aquí cierran un periódico, se ilegaliza un partido político, o se criminaliza la escuela en idioma vasco (ikastola) o las academias que lo imparten (es usted culple hasta que se demuestre que no es vasco), el mismo buen españolito no tiene ni pajorela idea de que se encuentra permanentemente amenazado por una legislación cuyo título dice protejerle, como lo es la vieja "Ley de Seguridad Ciudadana" aprobada por el PSOE en 1992, en virtud de la cual se le puede retener en mitad de la vía pública y hacerle un registro de sus enseres personales por si acaso ha cometido algún delito (art.19) sin acusación previa ni sospecha fundada. Y lo que es más grave aún, en "virtud" del artículo 20 se le podrá llevar a comisaría, igualmente sin que medie una sospecha fundada ni una acusación previa, lo que equivale a todos los efectos a la abolición de la presunción de inocencia y a una detención ilegal. En otras palabras, con usted, españolito de bien o rojo-separatista masón con cuernos y rabo, puede hacer un policía lo que le venga en gana, pues no tiene que formular acusación ni dar ninguna justificación ante nadie. Si usted le cae mal a un policía energúmeno podrá detenerle tan solo con decir que le pareció usted sospechoso y que su identificación*** no le pareció satisfactoria, ¿sospechoso de qué? no tiene usted por qué saberlo: es usted culpable hasta que demuestre lo contrario.
http://www.ucm.es/info/eurotheo/solidar/seguridad.htm

Art.1-1 de la Constitución: "la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico" ¿la libertad de la policia tal vez?

Y no digo yo que este sea el gobierno más absoluto, pero si estuviera aquejado de "cierto absolutismo" como diría Villarejo, esta cita de Tocqueville le vendría que ni pintado al asunto:

"el gobierno más absoluto puede combinarse con algunas de las formas de la más extrema democracia, de tal suerte que a la opresión viene a añadirse el ridículo de aparentar no darse cuenta de ella".


Aunque en mi opinión es una cita de José Bergamín la que mejor contextualiza nuestra particular democracia policial. De aquellos polvos...

Si "lo peor de una guerra civil es que acaba siempre por una paz militar" como decía el general Dámaso Berenguer, lo peor de una paz militar no será que no se acabe nunca, como facilmente pensaríamos, sino que acaba siempre por metamorfosearse en una guerra policiaca: lo peor: y lo peor de todo.


Y lo dijo en 1980.. tocate los pies!

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***LA implantación del DNI la hizo el régimen fascista, y obedecía naturalmente a poder ejercer un mayor control y vigilancia de la población. Su finalidad hoy en día no ha cambiado, aunque se utilice para variados trámites todo el mundo tiene la obligación de llevarlo siempre que salga de casa. La tarjeta identificatoria, según los manuales de inteligencia militar-->(una contradicción en los términos, que decía Groucho Marx) es una medida de implantación básica en zonas insurreccionales http://www.soaw.org/article.php?id=92